La República pudo acceder a un informe en el que se detalla que se usaron 22 inmuebles y 83 vehículos para fines distintos a los educativos. Además, se pagaron gastos médicos y odontológicos de las autoridades universitarias. Según la UAP, esto se dio en la administración de la familia Ramírez.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sancionó a la Universidad Alas Peruanas (UAP), con licenciamiento denegado, con una multa de 9 millones 353 mil 318 soles por usar sus activos en fines distintos a los educativos y por no atender los requerimientos de información exigidos en la etapa de supervisión.

Según la actual gestión de la UAP, la multa corresponde a diversos hechos ocurridos en el 2017 bajo la administración de la familia Ramírez, investigada por financiar la campaña de Fuerza Popular. El rostro visible es el excongresista Joaquín Ramírez.

Según la Resolución del Consejo Directivo N° 020-2021-Sunedu/CD, a la cual tuvo acceso La República, la UAP usó 22 inmuebles propios y arrendados para actividades que no están vinculadas a una finalidad universitaria.

En su trabajo de verificación, también se halló en el 2017 el uso indebido de sus activos para solventar viajes, sueldos, bonificaciones e incluso préstamos a empresas y a terceros sin que exista un objetivo educativo.

Así, entre las medidas correctivas que debe ejecutar la UAP por mandato de la Sunedu, está que identifiquen a las personas que autorizaron o permitieron el mal uso de sus activos; asimismo, luego deben determinar su responsabilidad y consecuente vacancia de ser autoridad o su despido del cargo. Eso lo tienen que cumplir en 60 días.

En tanto, en 30días, la universidad debe presentar un protocolo que incluya reglas para minimizar los riesgos de desviación en el uso de activos para fines universitarios.

En ese mismo plazo, debe pactar intereses respecto a los préstamos a las empresas y terceros. La UAP aún puede apelar por la vía administrativa.

Se debe indicar que la Universidad Alas Peruanas no recibió el licenciamiento de la Sunedu en diciembre del 2019.

Conocida esta decisión, voceros de la UAP precisaron a este diario que la multa corresponde a hechos ocurridos en el año 2017 bajo la administración de lafamilia Ramírez. Actualmente, dijeron, hay una nueva administración que, por su parte, ha denunciado penalmente a los responsablesque incurrieron en los actos que sanciona la Sunedu y que son anteriores a la nueva gestión.

“La denuncia se encuentra ante la Décimo Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima desde el 3 de febrero de 2020. Asimismo, la nueva administración de la UAP, a fin de que estos hechos no queden impunes, ha encargado una auditoría forense a la firma PriceWaterhouseCoopers”, respondieron.

Fuente: Larepublica.pe

Por lalupa

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