Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, impone prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori

Para dictar 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, el juez Richard Concepción Carhuancho estimó que sí existía peligro de fuga debido a la voluntad de la lideresa de Fuerza Popular de influir en las investigaciones, a pesar de reconocer que sí contaba con arraigos en el país.

Mencionó como elementos de la supuesta conducta encaminada a dilatar las investigaciones la estrategia legal que debía seguirse en las investigaciones por los aportes a Fuerza 2011, encontrada en la casa de Vicente Silva Checa, asesor e integrante del núcleo de la presunta organización criminal.

“Se evidencia una intención de dilatar la investigación, incluso generando nulidades no participando en las diligencias, esa conducta es atribuible a quien se le encontró el documento, pero esa persona tiene vínculo con la investigada y además forma parte de la cúpula y es su asesor”, afirmó.

Mencionó también como elemento interferencia en la justicia la reunión que habría sostenido con el exvocal supremo César Hinostroza, de acuerdo al testimonio de los testigos que dan cuenta de ese encuentro y de reuniones previas con los congresistas Héctor Becerril y Miguel Torres.

El acercamiento con Hinostroza, según Concepción Carhuancho, se dio para ser favorecida en los juicios que enfrenta de manera directa y a través de la influencia que el exmagistrado tendría sobre la Corte Suprema. A cambio, indicó, la bancada de Fuerza Popular lo habría “blindado”.

“Es alto, intenso el peligro de fuga de la investigada, no por el arraigo, sino por otros datos que advierten un peligro de fuga en la investigada”, indicó.

Sí hay arraigo

El juez Concepción Carhuancho, reconoció, no obstante, que Keiko Fujimori sí cuenta con arraigo domiciliario y arraigo ocupacional porque es conocida su condición de lideresa de Fuerza Popular.

Considera que hay arraigo domiciliario en base a la constatación presentada por la investigada, razón por la cual desestimó el argumento de la Fiscalía de Lavado de Activos que le atribuía tener tres domicilios.

Según el juez Concepción Carhuancho, cuenta también arraigo laboral por la ocupación que tiene como presidenta de Fuerza Popular.

“Si eso genera vínculo laboral o no es discutible, pero es visible a todos los ojos que es líder de un partido político, por tanto, se descarta lo dicho por el fiscal.

A criterio del juez, sin embargo, tener todos estos arraigos no garantiza que la investigada pueda eludir a la acción de la justicia.

Otro aspecto que abonó al peligro de fuga, según Concepción Carhuancho, es la magnitud de la pena que recaería en la lideresa de Fuerza Popular, estimada entre 10 a 12 años, y la gravedad del delito que se le imputa.

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